EL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA LIBERTAD INDIVIDUAL. – DEL DERECHO DE LAS VÍCTIMAS

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. –

DE LA INTERPRETACIÓN DE LA LEY PENAL. –

PRIMERO: DEL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA LIBERTAD INDIVIDUAL. –

Conforme ordena nuestra Constitución en el Art. 77.1 ninguna persona podrá ser privada de su libertad sino con orden escrita de juez competente, salvo el caso de infracciones flagrantes, donde no podrá permanecer detenida sin fórmula de juicio por más de veinticuatro horas. En el supuesto se exceder el tiempo de las veinticuatro horas, el juzgador debe ordenar la inmediata libertad, sin importar que el tiempo de exceso transcurrido sea mínimo, con tal que se justifique que han transcurrido más de veinticuatro horas desde la detención.

Las veinticuatro horas no son solamente para que el juez conozca mediante parte policial, sino para que, dentro de ese lapso de tiempo improrrogable, resuelva la situación jurídica del justiciable. El problema que suele presentarse en estos casos, es la remisión tardía de los partes policiales, situación que no debe quedar en el olvido, sino que el juzgador está obligado a comunicar a las autoridades respectivas y adoptar las medidas adecuadas para que dicha situación no vuelva a repetirse. Tómese en cuenta que retener a una persona por más del tiempo permitido sin ponerla en conocimiento de la autoridad competente, constituye un delito contra la libertad.

El Código Orgánico Integral Penal, en el Art. 6, precisa algunas garantías a observarse en casos de privación de la libertad:

1.- En delitos flagrantes, la persona será conducida de inmediato ante la o el juzgador para la correspondiente audiencia que se realizará dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprehensión.

2.- En el caso de contravenciones flagrantes, la audiencia se efectuará inmediatamente después de la aprehensión.

3.- Se verificará la edad de la persona procesada y, en caso de duda, se aplicará la presunción de minoría de edad hasta que esta sea desvirtuada por parte de la o el fiscal dentro de la investigación.

4.- Ninguna persona privada de libertad podrá ser incomunicada, aislada o sometida a tortura, ni siquiera con fines disciplinarios.

El Art. 12 del Código Orgánico Integral Penal, además de los previstos en el Art. 51 de la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, asimismo establece como derechos y garantías de las personas privadas de la libertad, los de integridad; libertad de expresión; libertad de conciencia y religión; trabajo, educación, cultura y recreación; privacidad familiar y personal; protección de datos de carácter personal; asociación; sufragio; quejas y peticiones; información; salud; alimentación; comunicación y visita; libertad inmediata; proporcionalidad en la determinación de las sanciones disciplinarias.

Sin duda que, por encontrarse privados de la libertad, estos derechos no pueden ejercerse a plenitud sino limitadamente, conociendo además la difícil situación que atraviesan la mayor parte de los centros de rehabilitación social en torno a la sobrepoblación carcelaria, a la infraestructura, al personal y los servicios básicos. En todo caso, el reconocimiento de estos derechos es fundamental para proceder a su exigibilidad.

Queremos referirnos a la protección de datos de carácter personal. Si bien el proceso penal es público, y en varios casos existe amplia difusión desde el inicio del proceso hasta la sentencia, haciéndose conocer a la ciudadanía los resultados del proceso, en dicha publicidad se debe proteger los datos de carácter personal del justiciable. Esto no contrapone el principio de publicidad, sino que lo regula en el sentido de que no permite la difusión pública de ciertos datos como la identidad, filiación y otros, puesto que se atentaría contra los derechos del sujeto sometido al proceso penal. En los casos que suelen solicitarse copias de los expedientes, el juzgador previamente valorará si procede dicha petición en virtud que la protección de datos incluye el acceso y uso de la información. De autorizarlo, es pertinente advertir al solicitante la prohibición de difundir los datos de carácter personal de la persona privada de la libertad.

SEGUNDO: DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS. –

El Diccionario de la Lengua Española, define al término “víctima”, como: 1. f. “Persona o animal sacrificado o destinado al sacrificio. 2. f. Persona que se expone u ofrece a un grave riesgo en obsequio de otra. 3. f. Persona que padece daño por culpa ajena o por causa fortuita. 4. f. Persona que muere por culpa ajena o por accidente fortuito. Mientras que “persona” es el individuo de la especie humana, hombre o mujer, sujeto de derechos. En derecho, el término persona tiene dos connotaciones: 1.- Como persona natural o ser humano; y, 2.- Como persona jurídica o institución creada por personas naturales. Esto explica la razón por la cual el derecho penal protege tanto las personas naturales como las jurídicas (Ver Art. 441 del COIP).

Respecto de los derechos de las víctimas, debemos partir del precepto constitucional previsto en el Art. 78, que estatuye: “las víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial, se les garantizará su no revictimización, particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier amenaza u otras formas de intimidación. Se adoptarán mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado. Se establecerá un sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes procesales”. Este mandato se encuentra desarrollado fundamentalmente en el Art. 11 del COIP, que en resumen prevé:

Derecho a decidir si participa o no en el proceso penal; a recibir reparación integral de los daños sufridos; la garantía de no repetición del daño; la protección especial, resguardando su intimidad y seguridad tanto personal como familiar; no ser revictimizada; ser asistida por un defensor, traductor o intérprete; recibir asistencia integral; ser informada de la investigación y el resultado final del proceso; ser tratada en condiciones de igualdad, sin perjuicio de aplicar medidas de acción afirmativa cuando fuere necesario.

Claro está que el derecho penal garantista no está orientado exclusivamente al procesado, sino que incluye a la víctima y sus familiares. Justamente por ello se denomina sistema garantista, porque garantiza los derechos de todos los intervinientes en el proceso penal. En el Código Penal y de Procedimiento Penal que regía ante de la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, la víctima es casi invisibilizada, sus derechos e intereses eran monopolizados por la fiscalía. Ahora al panorama es distinto, la víctima juega un papel preponderante en el proceso penal, obligando a los operadores de justicia en todo momento a atender los derechos e intereses de la víctima, sin perjuicio de las garantías al debido proceso que tiene el procesado.

Debemos tener presente que la reparación integral como mandato constitucional y fin del sistema penal (Art. 1 del COIP), constituye una conquista venida desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a través de la jurisprudencia y opiniones de la CIDH. La reparación integral no busca solamente la sanción de la conducta punible, sino sobre todo el restablecimiento de los derechos o bienes jurídicos afectados. Al respecto se sugiere tener presente el Art. 18 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que explica el contenido de la reparación integral.

TERCERO: DE LA INTERPRETACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL. –

En materia de interpretación de la ley, debemos siempre partir del principio previsto en el Art. 11.5 de la Constitución que obliga a los servidores públicos administrativos o judiciales, a aplicar la norma y la interpretación que más favorezca la efectiva vigencia de los derechos y garantías. Ninguna interpretación de la ley puede atentar contra los preceptos constitucionales, pues no olvidemos que los derechos fundamentales son la razón de ser del derecho mismo, por consiguiente, hay que regirnos al principio y regla de interpretación conforme.

Teniendo presente lo dicho en el párrafo anterior, nos remitimos al Art. 13 del COIP que señala las siguientes reglas de interpretación en materia penal:

1.- La interpretación en materia penal se realizará en el sentido que más se ajuste a la Constitución de la República de manera integral y a los instrumentos internacionales de derechos humanos. – Aquí tenemos la interpretación conforme antes referida.

2.- Los tipos penales y las penas se interpretarán en forma estricta, esto es, respetando el sentido literal de la norma. – La interpretación literal de la norma es uno de los métodos más antiguos y obliga al juez a someterse estrictamente al sentido de la ley, sin buscar interpretaciones que cambien el significado de las palabras y el mandato de la norma. Por tanto, mucho cuidado que en tipos penales y penas no hay juez creador de derecho, sino juez sometido al derecho, al principio de legalidad.

3.- Queda prohibida la utilización de la analogía para crear infracciones penales, ampliar los límites de los presupuestos legales que permiten la aplicación de una sanción o medida cautelar o para establecer excepciones o restricciones de derechos. – La analogía constituye un método por el cual se aplica la misma norma jurídica prevista para el caso “A” al caso “B”, en virtud que guarda similares características. El caso “B” no está contemplado en la norma del caso “A”, pero por su igual identidad se aplica la misma norma. De lo dicho, esta norma prohíbe que al caso “B” apliquemos la norma del caso “A”, para crear infracciones, para ampliar la sanción o medida cautelar, o para la restricción de derechos. Si el caso concreto no se adecua al tipo penal, no podemos realizar comparaciones con casos similares para justificar su adecuación y sanción.

DR. FERNANDO ROSERO GONZÁLEZ